El Gato Maya
Por Luis Mis
La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)-Aguakán vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez acusando al Gobierno de Quintana Roo de orquestar una «ofensiva legal» en su contra. La realidad es que la denuncia penal presentada por las autoridades estatales no es más que el intento de hacer justicia ante los atropellos cometidos por esta empresa privada a lo largo de los años. Aguakán, un símbolo de la privatización desmedida y el saqueo de recursos públicos, pretende victimizarse mientras se aferra a una concesión obtenida en circunstancias turbias.
LA HISTORIA DE UNA CONCESIÓN OSCURA
Según la empresa, la denuncia del Gobierno de Quintana Roo se basa en hechos ocurridos en 2014, cuando la administración estatal de ese entonces extendió de manera opaca la concesión hasta 2053 e incluyó el municipio de Solidaridad en el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Como parte del acuerdo, Aguakán pagó mil 055 millones de pesos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). Pero, ¿a dónde fue realmente ese dinero? ¿Qué beneficios reales han recibido los ciudadanos, quienes siguen sufriendo cortes injustificados, cobros abusivos y un servicio deficiente?
OPACIDAD Y ABUSOS
La narrativa de Aguakán pretende justificar lo injustificable. Aseguran que todo el proceso fue transparente, con el aval del Congreso del Estado, los cabildos municipales y la CAPA. Sin embargo, es bien sabido que este tipo de acuerdos se realizan en lo oscurito, con el beneficio de unos cuantos y el perjuicio de miles. La ampliación de la concesión no fue resultado de una consulta ciudadana ni de una evaluación del servicio, sino de una componenda política entre funcionarios cómplices y empresarios ávidos de lucrar con un derecho humano esencial.
UNA EMPRESA SIN CREDIBILIDAD
Mientras Aguakán clama por «Estado de derecho» y «certeza jurídica», la realidad es que sus prácticas han sido denunciadas por años: desde cobros excesivos hasta un servicio ineficiente y cortes arbitrarios. Ahora, en un acto de descaro, intentan lavar su imagen destacando su supuesta inversión de 8 mil 223 millones de pesos en infraestructura. Pero basta con recorrer las colonias afectadas en Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad para constatar que la realidad es muy distinta: fugas constantes, presión irregular y comunidades enteras sin acceso digno al agua.
EL PUEBLO CONTRA AGUAKÁN
La Gobernadora María Elena Lezama Espinosa tiene una oportunidad histórica: terminar con este abuso y devolver a los quintanarroenses el control sobre su recurso más vital. Aguakán representa el modelo fallido de privatización de los servicios públicos, donde el interés de los inversionistas (incluyendo afores como Banamex, Sura, Principal y Pensionissste) se antepone al bienestar de la gente. No se trata solo de una batalla legal; es una lucha por la dignidad y el derecho al agua.
La denuncia penal es solo el primer paso. La ciudadanía debe exigir la cancelación definitiva de la concesión y el regreso del servicio a manos del Estado. Ya es hora de que Aguakán rinda cuentas y deje de lucrar con la necesidad del pueblo.
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