El Gato Maya
Por Luis Mis
La justicia en Quintana Roo se ha convertido en un laberinto donde los derechos de los ciudadanos quedan atrapados entre la negligencia, el burocratismo y la complicidad.
Cinco meses y medio han transcurrido desde que Pedro Luis Peña, fue privado de la posibilidad de ver a su hijo, no por orden judicial, sino por la voluntad unilateral de la madre, Erika Natalia Morales, respaldada económicamente por su pareja, Alberto Cámara Patrón.
La jueza del Juzgado Primero Familiar Oral de Cancún ordenó el pasado 16 de octubre el cumplimiento inmediato del convenio vigente que garantizaba el derecho de convivencia. Sin embargo, a más de cinco meses, la orden sigue siendo letra muerta, pues ni siquiera se ha podido notificar debidamente a la madre. ¿Casualidad o estrategia?
El actuar de las autoridades deja mucho qué desear. Los actuarios «cometieron un error» en la notificación, un error que convenientemente favorece a una de las partes y extiende la agonía de un proceso que, en teoría, debería velar por el bienestar del menor. ¿Es incapacidad o corrupción? ¿O es que en este estado la justicia solo actúa cuando le conviene a quienes ostentan poder e influencia?
Este caso no es una excepción, sino un reflejo de un sistema que permite y perpetúa la impunidad. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántas familias más tendrán que sufrir el abandono institucional antes de que la justicia deje de ser una simulación?
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