El GATO MAYA
Por Luis Mis
En un contexto donde la transparencia y la lucha contra la corrupción siguen siendo prioridades de la sociedad, la firma del Convenio General de Colaboración entre la Legislatura de la Justicia Social y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo marca un hito importante en la consolidación de una gestión pública más eficiente, abierta y comprometida con los ciudadanos.
El diputado Jorge Sanén, presidente de la JUGOCOPO, ha dejado claro que este convenio es un paso decisivo para fortalecer la política anticorrupción en el Estado. En un acto de firmeza política, y acompañado por figuras clave como la diputada Luz Gabriela Mora Castillo y Alma Gabriela Arroyo Angulo, se establecieron las bases para una colaboración más estrecha y proactiva entre las instituciones gubernamentales encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley y la transparencia en la gestión pública.
Lo que resalta de este acuerdo es su enfoque en la ciudadanía. La declaración del diputado Sanén es contundente: «Este convenio nos permitirá legislar, formular políticas públicas, generar mecanismos de prevención y acompañar la implementación de acciones de control y vigilancia desde una perspectiva ciudadana». Este enfoque no solo visibiliza la importancia de involucrar a la sociedad en la lucha contra la corrupción, sino que también abre las puertas a una gestión más abierta y accesible, en la que la ciudadanía no sea un espectador pasivo, sino un participante activo en el proceso de rendición de cuentas.
El hecho de que la firma de este convenio haya contado con la presencia de personalidades como Reyna Valdivia Arceo Rosado, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y de comisionados y diputados de diversas fuerzas políticas, da cuenta de la importancia transversal del combate a la corrupción, que debe ser un esfuerzo conjunto y no una cuestión de intereses particulares.
Pero más allá de los nombres y los títulos, lo esencial es el mensaje de compromiso con la transparencia y la justicia que emana de este acuerdo. Es un recordatorio de que la lucha contra la corrupción no debe ser una mera promesa de campaña, sino una acción constante y firme, respaldada por instituciones que trabajen en coordinación y que den resultados tangibles a la sociedad.
Ahora, la sociedad quintanarroense tiene una oportunidad real de ver cómo las promesas se traducen en acciones concretas. Las bases están puestas para que la legislatura no solo elabore leyes, sino que también impulse políticas públicas efectivas que fortalezcan la confianza en las instituciones y construyan un gobierno más cercano y responsable.
Este convenio marca el inicio de una nueva etapa para Quintana Roo: la consolidación de la justicia social, la lucha contra la corrupción y, sobre todo, la posibilidad de una gestión pública en la que la ciudadanía sea el verdadero motor del cambio.
