El GATO MAYA
Por Luis Mis
Un nuevo escándalo recién aconteció en Playa del Carmen: 18 cámaras de videovigilancia clandestinas fueron desmontadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). ¿Y la pregunta más elemental? ¿De quién eran esas cámaras? ¿Quién las instaló? ¿Para qué? ¿Quién tenía acceso a sus imágenes? Silencio institucional.
Vivimos en una era donde la vigilancia ya no es sólo una herramienta del Estado, sino también del crimen organizado, de intereses privados o, peor aún, de poderes oscuros que operan con la complicidad del desinterés ciudadano y la opacidad gubernamental. Que estas cámaras estuvieran colocadas en infraestructura pública —como postes de alumbrado pertenecientes al Ayuntamiento— no es sólo una violación legal, es una burla a nuestra inteligencia y una afrenta a nuestra seguridad.
¿Y el gobierno municipal? ¿No se dio cuenta? ¿No lo permitió? ¿Quién autoriza la instalación de dispositivos de videovigilancia sin control alguno en espacios públicos? O estamos ante una negligencia monumental o ante una complicidad silenciosa. Ambos escenarios son igual de peligrosos.
Lo más grave no es que las cámaras estuvieran ahí. Lo alarmante es el tiempo que llevaban operando sin que nadie dijera nada. ¿Qué imágenes captaron? ¿A qué bases de datos se conectaban? ¿Fueron utilizadas para extorsionar, vigilar a autoridades, monitorear rutas del narcotráfico o simplemente invadir la privacidad de los ciudadanos? Nadie lo aclara.
Este escándalo debe ser el inicio de una investigación exhaustiva, no sólo una acción mediática para lavarse la cara. La SSC dice que continuará con la revisión de más cámaras. Muy bien, pero no basta con desmantelar. Urge transparencia, responsables identificados y consecuencias penales.
La seguridad no puede ser una excusa para justificar la vigilancia sin control. Hoy fueron 18 cámaras. ¿Cuántas más hay ocultas entre el concreto, los cables y la indiferencia institucional?
Vigilados, manipulados y desinformados. Esa parece ser la consigna. ¿Hasta cuándo?
